La generación de señales incentivadoras de la capacidad para invertir en conocimiento empiezan a hacerse visibles, pero han de intensificarse.
España ha sido incorporada al grupo de países más rezagados en innovación. Es el resultado que aporta el European Innovation Scoreboard (http://trendchart.cordis.lu): el instrumento de la Comisión Europea para, en el contexto de la Estrategia de Lisboa, evaluar y comparar el comportamiento innovador de los 25 Estados miembros más otros seis no comunitarios, además de Japón y EE UU La división de honor de la innovación está encabezada por tres nórdicos, Finlandia, Suecia y Dinamarca, seguidos de Alemania y Suiza. Por debajo están los que definen un comportamiento equivalente al promedio (Francia, Luxemburgo, Irlanda, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Austria, Noruega, Islandia, Italia); los penúltimos son los que, aunque en niveles bajos, se aproximan claramente a la media. En el grupo de los colistas se encuentran los considerados "países en retroceso" (countries "losing ground"); además de España, aparecen Estonia, Bulgaria, Polonia, Eslovaquia, Rumania y Turquía.

En esta edición, el índice correspondiente resume múltiples indicadores, agrupados en cinco categorías que incorporan desde las condiciones estructurales que propician la innovación hasta los factores más determinantes de la creación de conocimiento, como es la inversión en I+D o los propios esfuerzos que hacen las empresas privadas por innovar. Es precisamente en los seis indicadores que conforman esta última categoría (innovación y empresas) en la que son peores los resultados que obtiene España. Y no es por falta de apoyo público: el numero de empresas que reciben apoyo económico del Gobierno en España es superior a la media de los países analizados. Sin embargo, el sector empresarial asigna a I+D apenas el 45% de lo que hacen la media de las empresas de la UE. Era un hecho ampliamente conocido que de la parca asignación que en conjunto realiza España a I+D la proporción de gasto público es superior al promedio de los países desarrollados. También la tasa de patentes registradas por empresas españolas es un 20% inferior al promedio europeo. Otras tendencias destacadas como alarmantes son la debilidad del gasto en tecnologías de la información y la comunicación ( TIC) y en educación juvenil.

No por inquietantes estos resultados dejan de tener explicación. La oferta española de los últimos 10 años no se ha caracterizado precisamente por el dominio de los sectores más intensivos en conocimiento. El protagonismo que ha ejercido la construcción, además de otras implicaciones, ayudaría a entender la baja intensidad tecnológica y, en general, de conocimiento de nuestra economía. La actividad de ese sector, alimentada por una de las escaladas de precios más importantes del mundo, ha atraído excedentes, capacidad de financiación e incluso talentos de otros sectores, y, en no pocas ocasiones, de proyectos más intensivos en riesgo y, por lo mismo, en potencial innovador. Ha sido una asignación de la que sólo hemos empezado a pagar parte de la factura a través de un muy desequilibrado sector exterior y unas posiciones de endeudamiento de las familias muy vulnerables.

La generación de señales incentivadoras de la innovación, de la capacidad para emprender y para invertir en conocimiento, empiezan a hacerse visibles, pero han de intensificarse mucho más. Tan importante como la generación de innovaciones es la difusión en España de las creadas por otros. Y eso exige más educación, mejores habilidades de la población, incluida la entrada en años: España sigue siendo de los países con mayor proporción de población comprendida entre 25 y 64 años carente de las habilidades propias de la educación secundaria. Requiere también un mayor uso de las TIC; aproximarse a la media europea en este aspecto crucial para la difusión del conocimiento y de las innovaciones exige, como se ha dicho repetidamente, que sean las administraciones públicas las que prediquen con el ejemplo: garantizando el derecho a los ciudadanos a una interlocución digital única y, no menos importante, acelerando la modernización de las propias administraciones con el fin de que la generación de ganancias de productividad podamos apreciarlas también en el seno de esas organizaciones.

No son empeños nuevos, pero cada día se presentan como más prioritarios, ya no sólo para la necesaria modernización económica del país, sino para evitar males peores y a un plazo menos largo del que temíamos.





Publicado originalmente en www.elpais.es