Por Fernando Puente (ADN.es)

Lo que hay en disputa en un juzgado federal de California (EE UU) no es un juego. Detrás de la intrincada disputa legal en torno a la autoría de un conjunto de programas utilizado por miles de aficionados al modelismo ferroviario se esconde una de las batallas legales más sonadas en torno a las licencias de código abierto, aquellas que permiten, en términos generales, que cualquiera utilice un programa, lo distribuya e incluso lo modifique, sometíendose sólo a unas pocas condiciones.

A un lado del estrado de esta guerra están los creadores del JMRI Project (siglas de Java Model Railroad Interface), un paquete de aplicaciones con el que los aficionados a los trenes en escala pueden programar los movimientos de sus locomotoras en miniatura y controlar decenas de ellas simultáneamente desde el PC. En este desarrollo participaron centenares de voluntarios coordinados por Bob Jacobsen, profesor de la Universidad de Berkeley (también California) especializado en física de alta energía, y fundador de la iniciativa.

Del otro lado, Matt Katzer, considerado en el sector como un auténtico pirata del sistema de propiedad intelectual e industrial. Desde hace 10 años, y con su empresa KAM Industries (KAMIND) al frente, se ha aprovechado sistemáticamente de las innovaciones de otros para crear un negocio que mantiene, sobre todo, gracias a una frenética actividad judicial.

Por encima del peloteo de demandas y contrademandas entre ambas partes, destaca una decisión judicial que despierta los temores de los defensores del software libre. En términos simples, supone que JMRI no puede obtener la protección del copyright de sus programas ante la utilización descarada de su código por KAMIND, como solicita Jacobsen, ya que la licencia bajo la que ha sido publicado es tan abierta que implica una renuncia a ese derecho.

Patentes y amenazas

El culebrón, largo y enrevesado, se remonta a 2002. Katzer patentó como suya la idea codificada en uno de los programas de la JMRI que, curiosamente, había sido publicado sólo tres días antes. En 2005, KAMIND empezó a enviar facturas en las que reclamaba el pago de 29 dólares por cada copia descargada en Internet de JMRI, a razón de 200.000 dólares mensuales. Jacobsen debía, así, pagar una fortuna por distribuir el software que había creado, precisamente, a quien se lo había usurpado.

Después de otro chusco incidente con tintes jurídicos, en el que Katzer "advertía" a los responsables de la Universidad de Berkeley de la conducta "fraudulenta" de Jacobsen y les avisaba de que la institución podría estar "patrocinando" esa conducta, lo que la convertiría en responsable (Berkeley ignoró este comunicado), la paciencia de Jacobsen se agotó.

El contraataque

En marzo de 2006 el profesor de física solicitó a un juzgado federal un "juicio declaratorio" sobre su programa, el proceso que suelen seguir los propietarios de una obra protegida por derechos de autor (copyright) cuando quieren que cesen inmediatamente las conductas que los infringen.

Los argumentos parecían simples: la licencia bajo la que JMRI distribuye su software impone la obligación a quien reutiliza partes de su código de atribuir la autoría. El programa de KAMIND, que usurpaba descaradamente ese código -la empresa ni siquiera se molestó en renombrar el archivo principal-, lo firma como propio y no menciona por ninguna parte la iniciativa de software libre.

La ilusión de Jacobsen y de los centenares de voluntarios que participaron en el desarrollo de JMRI, que además financiaron la campaña de respuesta judicial mediante donativos, se truncó sin embargo el pasado 17 de agostó, más un año después de que comenzase el proceso judicial.

En su fallo, el juez negó al demandante la protección del copyright -la de cualquier autor sobre su obra- con el argumento de que la licencia que está usando es tan abierta que, de hecho, implica una renuncia a esa protección. Las condiciones que se ponen después, según añade la resolución, no rescatan ese derecho al que se ha renunciado, y sólo pueden defenderse como un contrato más.

Un matiz muy relevante

Para Jesús M. González Barahona, informático experto en software libre e investigador del Departamento de Ingeniería Telemática y Tecnología Electrónica de la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid, la clave del asunto está en la siguiente disyuntiva: ¿El programa se distribuye libremente, aunque con una serie de condiciones... o en cambio se distribuye sólo si se cumplen las condiciones? "Es un matiz sutil, pero fundamental", explica.

El tribunal parece haber entendido lo primero, que la licencia utilizada para distribuir el código de JMRI, conocida como Licencia Artística, es tan permisiva en sus términos de distribución que contiene una declaración implícita de quien la utiliza: "Renuncio a mis derechos de copyright, aunque impongo una serie de requisitos".

La consecuencia directa es que Jacobsen y el resto de autores de JMRI se quedan sin la poderosa protección del derecho de propiedad intelectual, y tendrán que conformarse con la vía jurídica ordinaria, mucho menos potente, mientras ven cómo Katzer sigue sin comunicar a sus clientes que parte de su código no fue desarrollado por su empresa. El resultado indirecto, e inmediato, es que la comunidad de programadores se pregunta actualmente si esta resolución les deja incapaces de proteger su trabajo.

"Es una decisión de primera instancia que aparentemente se va a recurrir, en un tribunal estadounidense y sobre una licencia concreta", explica González Barahona cuando se le pregunta sobre el alcance y las repercusiones de la decisión judicial. Eso quiere decir, según el investigador, que no es extrapolable automáticamente a todo el mundo del software libre, aunque reconoce que "si eventualmente se extendiera a todas las licencias, el impacto sería grande".

La licencia GPL, más firme

Barahona recuerda en todo caso que, aunque el fundamento de las distintas licencias de código abierto es el mismo, independientemente de su redacción, la utilizada en este caso (y conocida como Licencia Artística) no es perfecta jurídicamente. "En su momento, no fue redactada con el objetivo de dar una protección jurídicamente fuerte", afirma, y añade que "su autor, Larry Wall, sólo quería distribuir libremente su software (Perl, un conocido lenguaje de programación), pero no tenía un interés específico en protegerse de la demanda de grandes empresas".

Otras muchas licencias que sirven para distribuir el software libremente "sí que han sido diseñadas con el objetivo de ser jurídicamente fuertes". Es el caso de la GPL (siglas en inglés de General Public License), una licencia que "viene a decir", en palabras de este experto, "algo así como 'no puedes hacer nada con esto, salvo que cumplas todas estas condiciones'".

Barahona afirma, por último, que el enrevesado caso de Jacobsen y Katzer "es un buen ejemplo de empresa que no ha hecho las cosas de las que está tratando de aprovecharse y ni siquiera lo reconoce". Además, según el investigador, demuestra los problemas legales que se encuentran los innovadores en internet: "A veces es mejor tener en nómina a un buen grupo de abogados, que a un buen grupo de innovadores. Desgraciadamente".