Resulta que uno de los jueces del Tribunal Constitucional, Pablo Pérez Tremps, no podrá votar en el decisivo recurso que ha presentado el PP contra el Estatut porque hace unos años la Generalitat de Jordi Pujol le contrató para que hiciese un informe académico sobre autonomías y política exterior. Como el informe llevó su tiempo, a la hora de cobrar ya gobernaba el Tripartito, así que el Tribunal Constitucional decidió anoche que Tremps no es imparcial, que no puede votar sobre si el Estatut es o no inconstitucional porque cobró de sus impulsores.

Tremps no puede votar porque no sería imparcial, dice el Constitucional. Pero sí podrán hacerlo sin mayor problema los jueces de la mayoría conservadora, los que deben el puesto al PP. Los doce miembros del Constitucional consiguen el sillón a propuesta del Ejecutivo (dos jueces), del Congreso (cuatro), del Senado (otros cuatro) y del Consejo General del Poder Judicial (dos). Es decir: consiguen el puesto a propuesta de los partidos políticos en función del resultado de las urnas. Y se renuevan un tercio de ellos cada tres años. En el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es quien después nombra a los jueces del Tribunal Supremo, el proceso de elección es similar, también supeditado al Congreso y el Senado.

Por esa razón, pese a que el PP ya no gobierna, la Justicia aún sigue controlada por jueces que llegaron al sillón durante la presidencia de Aznar. El PP, desde que perdió las elecciones, ha hecho todo lo posible para bloquear la renovación de los órganos de la Justicia, ya que supondría una pérdida de poder que intenta retrasar por todos los medios.

En el CGPJ ganan los conservadores. En el Constitucional, hasta ayer, había empate y ganaban por la mínima –por el voto de calidad de la presidenta– los progresistas. Anoche los conservadores le dieron la vuelta a la tortilla con una artimaña perversa: se convirtieron en mayoría al bloquear a Tremps, que no podía decidir sobre sí mismo ante el recurso del PP. Así se rompió el empate: seis contra cinco. El voto de calidad de la presidenta ya no servía, pues no hubo empate.

Con la recusación de Tremps, el recurso de inconstucionalidad del PP contra el Estatut podría salir adelante y cancelar la reforma, a pesar de que ya ha sido aprobada por los parlamentarios y por los catalanes en referéndum. Curiosamente, muchos de los artículos que el PP considera contrarios a la Constitución aparecen, tal cual, en el Estatuto de Andalucía, el mismo que pactó Javier Arenas con Manuel Chaves.

Pérez Tremps es uno de los dos jueces que llegaron al Constitucional a propuesta del Gobierno de Zapatero. De hecho, hoy muchos diarios aventuran la posibilidad de que Tremps renuncie al sillón para que el Gobierno pueda elegir a otro juez en su lugar y así salvar el Estatut del acoso conservador. En la derecha están ya en escándalo preventivo ante tal movimiento. "Deslegitimaría al Constitucional y pondría en evidencia a un Gobierno para lograr sus fines políticos", escribe El Mundo en su editorial de hoy. Puño de hierro, mandíbula de cristal.